Por una universidad justa e igualitaria

12.02.2015 18:36

Desde el movimiento Juventud Estudiante Católica creemos que el Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, aprobado el pasado viernes 30 de enero por el Consejo de Ministros, sin consulta ni consenso con  los diversos agentes de la comunidad educativa, puede tener severas consecuencias sobre la educación universitaria de nuestro país.

La convergencia con la mayoría de los países europeos al establecer esta reforma, así como la flexibilización de la oferta universitaria y la concesión de autonomía a las universidades para determinar si ofertan Grados de tres o de cuatro años, no puede dejar vía libre a que se produzca una deriva elitista de las enseñanzas universitarias, que aparecería si una parte de esta formación, hasta ahora integrada en los programas de Grados, quedase relegada a la posibilidad de cursar un Máster, que muchas y muchos jóvenes no podrán permitirse en las condiciones económicas y sociales tan desoladoras en las que se encuentran gran cantidad de familias españolas.

Esta “flexibilidad” podría originar en el panorama universitario español una considerable divergencia entre los contenidos de unas y otras universidades, así como una acusada heterogeneidad entre ellas, propiciando la aparición de centros educativos de primer y segundo orden.

El argumento, esgrimido por parte del ministro de Educación, de que la reducción de la duración de los Grados supondría un ahorro para las familias al pagar un año menos de formación y al suponer la incorporación de los y las estudiantes al mercado laboral con un año de antelación es, cuanto menos, cuestionable, teniendo en cuenta que nuestro país exhibe una de las tasas de desempleo juvenil más altas del mundo.

Como jóvenes estudiantes consideramos que las políticas de educación deben dejar de ser un arma arrojadiza entre partidos. La gran variedad de leyes educativas aprobadas en poco tiempo pone de manifiesto la falta de seriedad con la que nuestros gobernantes abordan un tema que, como pocos, requiere de consensos y diálogos con todos los agentes implicados. La actual política de becas está siendo funesta para la igualdad de oportunidades, principio fundamental a cuidar. Este principio debe garantizar que todo individuo, sin importar su condición, pueda distinguir y potenciar al máximo sus talentos y capacidades. Así mismo, el sistema debe saber reconocer y premiar el trabajo responsable y continuado, tanto entre el alumnado como entre el profesorado.

Como cristianos comprometidos en el mundo estudiantil, apostamos por una universidad que vaya más allá de la formación técnica, la especialización profesional y las imposiciones del mercado.

Creemos en la universidad como espacio privilegiado de la cultura y de la construcción de una humanidad adulta que trabaje por la justicia y la dignidad y que atienda al desarrollo integral de las personas sin distinciones.

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